De acuerdo con Marcelo Ferreyra, coordinador regional para América Latina y la Caribe de la Comisión Internacional de los Derechos Humanos para Gays y Lesbianas (IGLHRC, por sus siglas en inglés) "esta es sin duda una oportunidad sin precedentes para lograr la promoción de los derechos humanos plenos para las minorías sexuales y de género en toda América Latina”, afirmó.

Este documento llama a los gobiernos a revocar leyes que discriminan a las personas LGBT y promueve políticas de sensibilización y educación pública, además de incrementar la participación de las minorías sexuales en todos los niveles de la enseñanza pública y poner fin al acoso y la persecución policial. Adoptar leyes de protección para parejas del mismo sexo y sus familias, otra de las medidas.

“Derogar y/o modificar todo tipo de legislación y reglamentación discriminatoria o que criminalice a lesbianas, gays, bisexuales y trans y/o les restrinja el pleno ejercicio y goce de los mismos derechos que tienen el resto de los/as ciudadanos/as. En este sentido, derogar cualquier tipo de ley o reglamentación que prohíba a gays, lesbianas, bisexuales y/o trans donar sangre”, establece el documento.

En la Declaración también se asume el compromiso de hacer un seminario dónde se tratarán, entre otros temas, el estudio y consideración de los Principios de Yogyakarta, que engloban una serie de derechos de la población LGBT. El objeto es promover la participación de las cancillerías, autoridades y funcionarios de los distintos poderes de cada país en el tema.

Es importante mencionar que el año pasado, la IGLHRC, en el rol de asesor de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans estimuló y colaboró para que organizaciones y federaciones de los países del MERCOSUR constituyeran una Red de Organizaciones LGBT, con el fin de asegurar derechos para la diversidad sexual de la región.

Las organizaciones firmantes reconocieron la necesidad de impulsar que en cada uno de los países del MERCOSUR, se asuma el desarrollo de las acciones necesarias para la implementación de las medidas enunciadas en la declaración.